miércoles, 6 de febrero de 2013

Concursos públicos vs. Condiciones laborales

El mundo de la interpretación está en guerra. No, no es la primera guerra laboral, ni será la última. Y en el ámbito del trabajo, ya pocas cosas nos sorprenden, pero creo que es bueno seguir llevándose las manos a la cabeza con algunos ataques que podemos sufrir los profesionales. 

Contraatacar no es siempre fácil, eso está más que claro. Pero rendirse nunca fue una opción.

Hace unas semanas empecé a preparar una entrada para hablar un poco sobre los atentados contra las condiciones de trabajo de los intérpretes de lengua de signos que se están llevando a cabo últimamente, la pospuse. Hay temas que me encienden y quería ser diplomática. ¿Existe la diplomacia en la guerra?

Ayer recibí otra llamada, me mordí la lengua (igual estoy envenenada, ya temo por mi salud). 

Resulta que como los intérpretes de lengua de signos, al parecer, hacemos una labor social, muchas veces tenemos que trabajar para empresas que "se venden" a la administración pública, ya que esta última saca cosas, como el servicio de intérpretes de lengua de signos, a concurso. ¿Cuál es el problema? Que las empresas quieren ser competitivas. Es normal, pero son competitivas a nuestra costa

Más o menos esta viene siendo mi cara cuando desde ese tipo de empresas me informan sobre la tarifa que voy a cobrar por una hora de servicio:

(Con algún que otro año más, cierto es)

Nunca he comulgado con la inconformidad sistemática contra el sistema, quienes me conocen lo saben. Pero también saben que no me callo y que soy profesional en mi trabajo.

Pero hoy he recibido un e-mail a modo de contraataque que me ha arrancado una sonrisa y en el que pedían máxima difusión. Antes de nada, quiero que quede claro que lo dicho hasta ahora es mi opinión, no la de nadie más y que no hablo en nombre de nadie.


Ahora, quiero compartir con vosotros un comunicado de prensa que ha preparado FILSE (Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes de Personas Sordociegas) sobre el tema de los concursos y las condiciones laborales de los intérpretes.


ÁREA DE COORDINACIÓN Y RELACIONES
COMUNICADO DE PRENSA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS Y 
GUÍAS-INTÉRPRETES DE PERSONAS SORDOCIEGAS (FILSE)

Ante la práctica, cada vez más frecuente, por parte de las administraciones y 
empresas públicas, de ofrecer la puesta en marcha de servicios de interpretación de 
lengua de signos a empresas privadas mediante concurso público a través de unos 
pliegos de condiciones económicas y técnicas que no respetan la calidad del 
servicio sino que únicamente atienden al costo del mismo, la Federación Española 
de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes de Personas Sordociegas, 
FILSE, que tiene como finalidad principal representar a las asociaciones de estos 
profesionales existentes en el Estado, asumiendo todos los aspectos relacionados 
con la interpretación de la lengua de signos y la guía-interpretación, manifiesta que:

Dicha profesión conlleva años de estudio y preparación, habilidades técnicas y 
humanas encaminadas a romper las barreras comunicativas y de accesibilidad con 
las que se encuentran las personas sordas y sordociegas en su vida diaria. 

Para proporcionar un buen servicio de interpretación no solo hay de cumplir la LEY 
27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, sino que hay que impregnar de
dignidad el trabajo que día a día desempeñan estos profesionales eliminando 
barreras. Un trabajo que puede parecer invisible, pero que es imprescindible en la 
integración de las personas sordas y sordociegas.

Los pliegos de condiciones económicas y técnicas que establecen las 
administraciones en sus concursos, fijan unos topes económicos que hacen que las 
empresas tengan que ajustar bastante los presupuestos para obtener una 
resolución favorable. Todo ello trae consigo, como viene ocurriendo, que las 
empresas oferentes presenten presupuestos que, consecuentemente, ocasionan la 
prestación del servicio a costa de la merma en las condiciones laborales de estos 
profesionales.

Tanto las administraciones como las empresas públicas que gestionan estos 
servicios,  deberían evitar la aceptación de presupuestos que solo “premian” al 
postor más económico. Eso muestra una falta de responsabilidad y de respeto hacia 
estos profesionales, los cuales tienen derecho a percibir unos honorarios dignos
acordes al trabajo que desempeñan. Asimismo, muestra el desconocimiento de esta 
profesión y de las personas sordas y sordociegas. En algunos ámbitos, los 
intérpretes deben desempeñar su labor en equipo para poder realizar turnos y
cumplir con un servicio de calidad.  No respetar  estas condiciones puede traer 
consigo consecuencias graves en la salud de los intérpretes a los que se exige 
hacer el trabajo que normalmente desempeña un equipo. 

Las empresas que prestan estos servicios, en muchos casos, entidades que tienen 
por objeto prestar un servicio público accesible al 100% de los ciudadanos, 
deberían concienciarse de que este profesional está cumpliendo una misión 
fundamental en la vida de estas personas y respetar, por un lado, la lengua con la 
que trabajan, por otro, al colectivo que la utiliza, y también a los profesionales que 
hacen posible la eliminación de las barreras de comunicación con la que dicho 
colectivo se encuentra.

Por todo lo expuesto, FILSE quiere denunciar todas aquellas prácticas que traen 
consigo esta situación de desamparo del colectivo de profesionales y la merma de 
sus condiciones laborales en pro de la buena imagen que pretenden dar algunas 
administraciones y empresas públicas, prestando un servicio público por el que, en 
muchas ocasiones, son premiadas y en el que prima el beneficio económico por 
encima de la calidad de dicho servicio. De este modo, no se cubren adecuadamente 
las necesidades de las personas sordas que, al igual que el resto, tienen derecho a 
recibir información y formación de la misma manera que los demás ciudadanos.

¿Actuarían de la misma manera estos políticos o gestores si en una reunión con un 
homólogo de otro país necesitaran del servicio de un traductor-intérprete de lenguas 
orales y la precaria calidad del servicio les impidiese recibir información de suma 
importancia en esa situación comunicativa? 




Una última cosa:


1 comentario:

  1. Creo sinceramente que deberíais recibir mayor defensa por parte del colectivo sordo (y hablo formando parte de él). A veces, en la lucha por el derecho a la accesibilidad deshumanizamos un servicio olvidando que está formado por personas y estas personas necesitan unos mínimos para trabajar al igual que nosotros. En fin...

    Saludos :-)

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